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Mientras, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha asegurado que recurrirá a «todas las iniciativas legales» contra las compañías para asegurar que los compromisos se cumplan.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha emplazado a las farmacéuticas a cumplir los contratos firmados sobre el suministro de vacunas tras una ralentización en la entrega de las dosis comprometidas. «Vamos a hacer que las farmacéuticas respeten los contratos que han firmado (…) recurriendo a todos los medios legales a nuestra disposición», ha afirmado Michel en declaraciones a la emisora de radio Europe 1.
La estadounidense Pfizer anunció la semana pasada una ralentización de los suministros para implantar mejoras que incrementarían la producción y el viernes AstraZeneca también anunció que no cumpliría con las cantidades pactadas por un problema técnico en la producción. Michel no se ha referido a medidas o respuestas concretas, pero la UE insistirá en la transparencia sobre los motivos de los retrasos y ha recordado que cuando Pfizer anunció los primeros retrasos la UE consiguió reducirlos asumiendo una postura dura.
«Dimos el primer puñetazo en la mesa y al final los retrasos de varias semanas anunciados pasaron a ser una reducción del ritmo de entrega», ha indicado. Mientras, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha criticado duramente a los fabricantes de las vacunas por su lentitud, lo que supone a su entender en una «grave violación contractual que está causando un daño enorme en Italia y en otros países europeos».
Estos retrasos «van a tener consecuencias directas en la vida y la salud de los ciudadanos y en nuestro tejido económico-social, de por sí bajo una enorme presión tras un año de pandemia», ha hecho saber Conte en un post publicado en su cuenta de Facebook.
«Si se confirmara la reducción del 60% de las dosis que se distribuirán en el primer trimestre significaría que en Italia se entregarían 3,4 millones de dosis en lugar de 8 millones», ha lamentado el primer ministro, que ya ha dado instrucciones a su ministro de Sanidad, Roberto Speranza para que examine la posibilidad de tomar medidas legales contra las compañías.
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