La Corte Suprema de EEUU ignoró las peticiones de clemencia y permitió la ejecución de Lisa Montgomery, una mujer de 52 años sentenciada a la pena de muerte por matar a una embarazada y robar su feto.
El Poder Judicial dio el visto bueno para aplicarle la inyección letal a la fémina, pese a los últimos recursos presentados por los abogados.
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Montgomery, que recibió la inyección letal durante la madrugada en Terre Haute, Indiana, es la primera mujer ejecutada por autoridades federales desde 1953.
Sus abogados habían pedido reconsiderar la medida sin negar la gravedad del crimen: en 2004 mató a una embarazada para robarle a su feto.
Según ellos, su clienta padece trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña. De acuerdo con los defensores, no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
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Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el gobierno apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes.
La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se habían presentado dos recursos distintos, dio razón en ambos casos a los abogados del gobierno de Trump.
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima -una criadora de perros- en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.
En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.
Trump, un firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia presentada por los apoyos de Montgomery.
10 hombres ejecutados
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres.
Y, además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson el jueves y Dustin Higgs, el viernes.
Pero en su caso también hay incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones. Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco el covid-19 y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Ex guardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el covid-19”.
Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados estadounidenses han suspendido las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.
Con información de AP
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