«Las condiciones en las comisarías son terribles. Hay que pagar a los funcionarios y a los delincuentes para que no toquen a los detenidos por delitos políticos», relata a EL MUNDO el pariente de una opositora egipcia, que exige anonimato por miedo a las represalias. Desde que fuera arrestada hace ocho meses, la joven ha compartido con otras 20 personas una celda de tres por tres metros sin sistema de ventilación ni los servicios más básicos. Acaba de ser trasladada a una prisión de mujeres.
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«Cada mes hemos desembolsado más de 20.000 libras egipcias [1.080 euros] para protegerla, proporcionarle comida o mejorar la celda. El aparato de aire acondicionado estaba roto y todos enfermaron en mitad de la pandemia. Pagamos para arreglarlo; cambiamos la instalación eléctrica y compramos medicinas para todos, incluidos los policías», comenta. En los insalubres y hacinados calabozos del país árabe, las familias de los presos más pudientes asumen a menudo la tarea de reformar y acondicionar las celdas.
El régimen de Abdelfatah al Sisi no ha detenido la represión que inauguró con el golpe de Estado de 2013 ni siquiera en medio de la propagación del coronavirus. Pequeños conatos de resistencia han surgido desde entonces. En septiembre una nueva oleada de protestas, pequeñas y descentralizadas en las zonas rurales y el extrarradio de El Cairo, estalló coincidiendo con el primer aniversario de las manifestaciones más multitudinarias desde la llegada a palacio de Al Sisi, alentadas a través de internet por Mohamed Ali, un ex contratista del ejército exiliado en Barcelona.
Desde entonces, al menos un millar de personas han sido detenidas en 21 provincias del país, según la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades. Entre los arrestados, figuran 72 menores de edad. «Es probable que las cifras reales sean mucho más altas pero a diferencia de 2019 las autoridades han sido más cautelosas a la hora de no hacer pública información sobre los detenidos», señala a este diario Mohamed Lofti, director de la organización galardonada recientemente con el premio noruego Rafto de Derechos Humanos que elabora el balance y proporciona asistencia legal a las familias de los arrestados. «Aún hay 1.400 detenidos de las protestas del año pasado, cuando se registraron hasta 4.400 detenciones. La represión ha regresado después de que en los últimos seis meses la escalada fuera contra los médicos», agrega. A finales de noviembre tres empleados de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales fueron liberados tras dos semanas entre rejas por supuestos cargos de terrorismo. La justicia, sin embargo, mantiene congeladas sus cuentas y su patrimonio. La reunión de los miembros de la organización con diplomáticos europeos -entre ellos, el embajador español- fue el detonante del arresto.
En su informe anual, Human Rights Watch denuncia que las autoridades egipcias intensificaron su represión contra disidentes y ciudadanos el pasado año, alcanzando incluso el espacio virtual en tiempos de crisis sanitaria. El acoso ha alcanzado incluso a los parientes de los opositores exiliados. Desde el pasado agosto, las familias de cuatro disidentes han sufrido redadas en sus hogares, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y prolongadas detenciones sin cargos ni juicio en un calculado patrón que se ha ido repitiendo. «Han arrestado sin tregua a miembros de mi familia por creer en la primavera árabe», señala a este diario Sherif Mansour, un activista fincado en Washington. Nueve de sus parientes han sido detenidos en los últimos ocho meses en lo que las organizaciones de derechos humanos consideran «secuestros» para tratar de silenciar a la vasta diáspora egipcia.
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