El régimen gastó millones de dólares en expropiaciones y generó un clima de desconfianza casi palpable en el país para obtener empresas que, en pocos años, llevó al colapso. Ahora busca deshacerse de ellas debido a su incapacidad de mantenerlas.
Carlos Seijas Meneses | Tal Cual
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En el completo silencio que establece la ley antibloqueo, la administración de Nicolás Maduro ha llegado a acuerdos con inversionistas para volver a privatizar las empresas que fueron expropiadas durante el mandato de Hugo Chávez hace más de una década, llevadas al colapso.
Se trata de importantes empresas del sector agroalimentario, de importación y distribución de insumos agrícolas, producción de azúcar y productos lácteos, y grandes cadenas de supermercados. El fracaso de la gestión chavista se evidencia en la poca o nula oferta en el mercado de productos que anteriormente despachaban estas compañías. Este destino no fue el que prometió el fallecido presidente, quien justificaba sus ataques contra la propiedad privada y violaciones a la Constitución con la promisión de mejorar la producción y distribución de las empresas, además de las condiciones laborales de los trabajadores.
A partir de 2018, el gobierno de Maduro se vio en la necesidad de aflojar la cuerda con la que tenía amarrada la economía nacional y empezó a girar el timón hacia un mercado un poco más libre. Desde entonces ha ido improvisando sobre la marcha y abandonando los preceptos que caracterizaron el socialismo del siglo XXI para subsistir y conservar el poder en medio de un colapso de sus ingresos. Las sanciones económicas dieron la estocada a la producción petrolera –la principal fuente de entrada de divisas del Estado–, y la recesión e hiperinflación han hecho prácticamente desaparecer la recaudación tributaria.
Luego de un 2018 que se caracterizó por una profunda escasez de alimentos y medicinas, el Ejecutivo liberó impuestos arancelarios para que empresarios privados pudieran traer bienes terminados y abastecieran el mercado de productos que antes se fabricaban en el país. También fue soltando el control que ejercía sobre los precios, redujo las fiscalizaciones y despenalizó el uso del dólar y las operaciones cambiarias.
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